El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que el uso de la vivienda familiar, tras el divorcio, se limita a un año para el cónyuge más necesitado. Este fallo se sustenta en varios pilares jurídicos y consideraciones prácticas, que buscan un equilibrio entre la protección al cónyuge más vulnerable y los derechos del otro.

Limitación de un año el uso de la vivienda familiar

Primero, la aplicación del artículo 96 del Código Civil es clave. Este artículo estipula que, en ausencia de hijos menores de edad viviendo con el cónyuge, la atribución de la vivienda debe ser temporal. El Tribunal Supremo recalca que prolongar indefinidamente este uso convertiría la medida en una expropiación del bien, afectando desproporcionadamente al otro cónyuge.

Además, el tribunal ha recurrido a una amplia jurisprudencia que establece que, cuando no hay hijos menores involucrados, el uso de la vivienda no puede ser indefinido. Esto protege al cónyuge más necesitado sin perjudicar permanentemente los derechos del otro.

Situación económica y personal

La situación económica y personal de los cónyuges también influyó en la decisión. Se consideró que el demandado tiene acceso a otro inmueble, que eventualmente será liquidado, proporcionándole una opción habitacional alternativa.

Otro aspecto importante es el rechazo de la rebeldía como allanamiento. El Tribunal clarifica que la falta de respuesta inicial del demandado no impide que se revise el uso de la vivienda en instancias superiores. Esto es crucial porque garantiza que se pueda cuestionar una decisión incluso si no hubo contestación inicial a la demanda.

Un año es un plazo suficiente para que el cónyuge más necesitado se reorganice y busque alternativas habitacionales

Finalmente, el tribunal determinó que un año es un plazo suficiente para que el cónyuge más necesitado se reorganice y busque alternativas habitacionales, sin imponer una carga excesiva sobre el otro cónyuge. Esta decisión refleja un enfoque equilibrado, considerando las necesidades de protección sin comprometer los derechos de propiedad.

En conclusión, el Tribunal Supremo, con su decisión, busca preservar un justo equilibrio entre la protección necesaria al cónyuge más vulnerable y la garantía de que tal protección no se extienda más allá de lo razonable, afectando los derechos del otro cónyuge.