Condena de 10 años a un funcionario de Hacienda de Bizkaia por acceso indebido a datos tributarios. SAP de Bizkaia nº 173/2024, de 16 de abril.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha emitido una sentencia condenatoria de 10 años y cuatro días de prisión a un funcionario de la Hacienda de Bizkaia. El funcionario en cuestión, que ha estado de la Administración pública vizcaína desde 1986, abusó de su posición en el Departamento de Hacienda y Finanzas para acceder sin autorización a datos tributarios. Estos datos fueron utilizados para el beneficio de una asesoría fiscal, de la cual era copropietario, creando un conflicto de interés.

Detalles de la condena

El acusado, que trabajaba en la sección de información tributaria, accedió de manera indebida a datos tributarios reservados entre 2017 y 2019. La Audiencia le considera autor de cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometidos por funcionario público (artículo 197.2 CP en relación con el artículo 198 CP). Por cada delito, se le impone una pena de 2 años, 6 meses y un día de prisión, además de una multa. También se le condena a una multa de 6 meses por un delito de actividades prohibidas a funcionario público (artículo 441 CP).

La sentencia no sólo incluye la pena de prisión, sino también multas significativas y la inhabilitación absoluta del funcionario durante 9 años. Se le impone una multa adicional y la suspensión de empleo o cargo público por dos años, como resultado del delito de actividades prohibidas a funcionario público. Durante el juicio, se consideraron informes y testimonios de responsables de servicio, todos ellos confirmaron las irregularidades cometidas por el funcionario.

Consideraciones de la Audiencia

Las penas impuestas por la Audiencia son en su extensión mínima, considerando que son proporcionales a los hechos cometidos, ya que no se evidenció un perjuicio económico evaluado. El tribunal busca proteger la imparcialidad en el ejercicio de funciones públicas por las autoridades y los funcionarios, de acuerdo con el artículo 103 CE, que establece que la Administración debe servir con objetividad los intereses generales. A través de la condena, la Audiencia busca evitar la confluencia de intereses públicos y privados que puedan afectar el ejercicio de sus funciones. 

Posibilidad de recurso

La sentencia no es definitiva y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.