La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha absuelto a un abogado acusado de realizar declaraciones falsas sobre un jefe de Urbanismo tras una vista judicial en Torrevieja, priorizando la libertad de expresión sobre el derecho al honor. El origen del conflicto se remonta a febrero de 2015, cuando el alcalde de Los Montesinos, Alicante, fue investigado por corrupción a raíz de una denuncia del mencionado funcionario, que lo acusaba de infracciones urbanísticas y cohecho.

El funcionario, según el alcalde, amenazaba con "amargar la existencia" del ayuntamiento y asesoraba a grupos políticos en contra del consistorio, lo que elevó la tensión entre ambas partes.

Origen del caso

Este caso examina si las declaraciones realizadas por el abogado de un alcalde investigado constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor de un funcionario municipal, el demandante. El abogado, al salir del juzgado y ante los medios, cuestionó la conducta profesional del demandante en varios municipios, insinuando un patrón de coacción y demandas penales contra alcaldes por motivos personales. El funcionario demandó por intromisión en su honor, pidiendo una indemnización y rectificación pública. Sin embargo, tanto el juzgado como la Audiencia Provincial desestimaron la demanda, argumentando que las declaraciones se amparaban en la libertad de expresión, especialmente en el contexto de la defensa legal, y no constituían injurias.

Recurso por infracción procesal y recurso de casación

Recurso por Infracción Procesal | no se valoró adecuadamente la prueba documental que demostraría la falsedad de las acusaciones

En el recurso por infracción procesal, se alegó que no se valoró adecuadamente la prueba documental que demostraría la falsedad de las acusaciones del abogado. La Sala recordó la importancia de una valoración integral de las pruebas, sin atribuirles un valor absoluto, y consideró que la apelación no cumplía con los requisitos para ser considerada por error de hecho patente.

Recurso de Casación | Conflicto entre los derechos al honor y a la libertad de expresión

El recurso de casación planteó un conflicto entre los derechos al honor y a la libertad de expresión. La sentencia analizó la naturaleza de las declaraciones como opiniones más que hechos, notando su relevancia pública y descartando la necesidad de someterlas a un test de veracidad. Aunque se reconocieron ciertas expresiones como potencialmente inapropiadas, no se consideraron insultantes ni suficientes para constituir una intromisión ilegítima en el honor, dada la especial protección de la libertad de expresión del abogado en contexto de defensa legal. Así, se desestimaron ambos recursos, manteniendo la decisión de no considerar las declaraciones una violación del derecho al honor del funcionario.