El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que la obligación de incluir dos huellas dactilares en los documentos de identidad se alinea con los derechos fundamentales al respeto de la privacidad y a la protección de datos personales. Esta medida se implementa para luchar contra la falsificación de documentos y la suplantación de identidad, además de asegurar la interoperabilidad de los sistemas de verificación. No obstante, el Tribunal ha declarado inválido el Reglamento que impone esta obligatoriedad por basarse en una premisa jurídica incorrecta, aunque ha decidido extender sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se promulgue un nuevo reglamento.

El Tribunal reconoció que dicha integración limita los derechos a la privacidad y la protección de datos

El caso se inició con la queja de un ciudadano alemán frente a la negativa del Ayuntamiento de Wiesbaden de emitirle un nuevo documento de identidad sin incluir sus huellas dactilares. Al examinar la legalidad del Reglamento de la Unión que establece la necesidad de integrar estas huellas en los documentos de identidad, el Tribunal reconoció que dicha integración limita los derechos a la privacidad y la protección de datos. No obstante, justificó esta medida por su efectividad en la prevención del crimen y el terrorismo, y por facilitar la libre circulación dentro de la Unión Europea.

El Reglamento fue adoptado sobre una base jurídica equivocada

A pesar de reconocer la validez de la medida en sí, el Tribunal señaló que el Reglamento fue adoptado sobre una base jurídica equivocada, y por tanto, lo declaró inválido. Sin embargo, optó por mantener sus efectos temporalmente hasta la adopción de un nuevo reglamento basado en la correcta fundamentación jurídica, con el fin de evitar perjuicios para los ciudadanos de la Unión y su seguridad. La decisión pone de relieve la importancia de equilibrar la protección de los derechos fundamentales con la necesidad de imple