El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha confirmado la sanción impuesta a una funcionaria interina, acusada de ejercer ilegalmente la abogacía, al no contar con la compatibilidad requerida para realizar actividades privadas paralelas a su cargo en la Dirección General de Justicia. Esta decisión subraya la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las normativas de incompatibilidad en el sector público.

Contexto y Desarrollo del Caso de Incompatibilidad

La controversia se origina cuando se impugnan resoluciones administrativas que sancionan a la funcionaria por una supuesta falta grave: ejercer la profesión de abogada sin la autorización correspondiente, violando así las normas de compatibilidad. La defensa de la funcionaria apeló estas decisiones, argumentando insuficiencia de pruebas y solicitando la anulación de las sanciones y la restitución de sus derechos laborales y económicos.

Análisis y Resolución Judicial

El proceso de apelación se centra en varios aspectos clave:

·       Invalidación de las Resoluciones Administrativas: La apelación intenta descalificar las resoluciones que determinaron la responsabilidad de la funcionaria por una infracción grave, lo que resultó en la terminación de su nombramiento y una prohibición de empleo público por tres años. La apelante cuestiona la autenticidad de un documento clave, alegando su falsificación y adición indebida al caso.

·       Evaluación de Pruebas y Procedimientos: La revisión judicial detallada incluye el análisis de la documentación controvertida, los procedimientos administrativos previos y la obligación de la funcionaria de declarar cualquier actividad incompatible. La corte determina que la acusada no proporcionó evidencia convincente para refutar las acusaciones de incompatibilidad.

·       Presunción de Inocencia y Pruebas Circunstanciales: Se discute la validez de las pruebas circunstanciales presentadas contra la funcionaria, incluidas diversas comunicaciones que sugieren su práctica de la abogacía durante su empleo público. La corte encuentra estos indicios suficientes para confirmar la actividad profesional cuestionada.

Conclusión del Tribunal

La decisión judicial mantiene la sanción original, rechazando los argumentos de la apelante. La evidencia presentada y los procedimientos seguidos justifican la conclusión de que la funcionaria ejerció la abogacía de manera incompatible con su cargo público. Además, se le ordena a la apelante cubrir las costas del proceso judicial, incluyendo los honorarios limitados del abogado de la parte opuesta.