El juez del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha dado continuidad al procedimiento contra 18 individuos sospechosos de formar parte de una organización que proporcionaba contratos de trabajo falsos a inmigrantes, en su mayoría africanos y magrebíes, a través de empresas inactivas para regularizar su situación en España. Se estima que estos inmigrantes debían abonar alrededor de 5.000 euros para obtener sus permisos de residencia mediante contratos en empresas que, en realidad, tenían poca o ninguna actividad.

Principales acusados

Entre los principales acusados se encuentra el administrador de una asesoría, considerado el organizador de la trama, junto con uno de sus hijos, encargado de la recepción del dinero de los inmigrantes y la gestión de cuotas y trámites en la Seguridad Social. Asimismo, se investiga a otros que figuraban como responsables de las empresas utilizadas para las contrataciones, posibles testaferros, y los propios inmigrantes que, a pesar de ser víctimas, han sido investigados por supuestos delitos de falsedad documental al presentar estos contratos falsos para regularizar su situación.

La investigación ha sido extensa, con más de 60 solicitudes de permisos de residencia analizados y un expediente digital que registra más de 2.000 eventos relacionados. Estos hallazgos, combinados con seguimientos policiales, intervenciones telefónicas y registros que revelaron documentos relevantes sobre las contrataciones sospechosas, han dado sustento a las acusaciones. Las declaraciones de testigos, algunos bajo protección, han sido particularmente incriminatorias, sugiriendo que el principal acusado y su hijo «vendían contratos a extranjeros a elevados precios».

Evidencia de una red dedicada a la regularización de inmigrantes.

El juez ha concluido que hay evidencia suficiente de la existencia de una red dedicada a la regularización de inmigrantes mediante contratos ficticios, beneficiándose económicamente del desespero de estas personas. La figura del principal investigado se presenta como alguien que ha aprovechado la situación de vulnerabilidad de los inmigrantes para enriquecerse personalmente.

Por otro lado, el instructor ha decidido mantener las medidas cautelares, como el bloqueo de cuentas bancarias, con el objetivo de asegurar la compensación económica a las víctimas en caso de sentencia condenatoria. Muchos de los inmigrantes afectados han denunciado haber pagado grandes sumas a los acusados. La decisión judicial aún puede ser apelada.